sector energético es una fuente inagotable de la literatura diaria, dada su importancia y la sensibilidad que tiene frente al ciclo económico. La economía española arrastra un ancestral retraso tecnológico, por la propia existencia de un monopolio de oferta, pero también arrastra unos usos y costumbres propios de un país en vías de desarrollo. A esto hay que unir la endémica dependencia del petróleo, lo que cierra un círculo de ineficiencias y rentas monopolísticas que cercenan nuestro crecimiento y además nos hacen ser uno de los países más contaminantes de nuestro entorno.
Frente a esto, a lo largo de la última década se han llevado a cabo tímidos avances en diversificar nuestras fuentes de energía, y también en la concienciación ciudadana y empresarial de la importancia del ahorro energético, para lo cual se creó la figura de las empresas de servicios energéticos.
El objetivo es contribuir a la mejora empresarial y pública de las instalaciones eléctricas, mediante el uso de luminarias más eficientes, la realización de auditorías y la provisión de energía más barata, mediante la constitución de operadores virtuales, al estilo de la telefonía móvil.
Junto a esto se ha desarrollado un gran sector de energías renovables, fundamentalmente eólicas y fotovoltaicas, que han supuesto un significativo impulso en empleo y ahorro en emisiones, aunque las últimas decisiones vuelven a suponer un freno incomprensible en el avance de la diversificación energética, al volver a balancear el mix energético hacia las eléctricas y nucleares.
El único resquicio que ha dejado el Gobierno actual para el desarrollo de las renovables es la posibilidad de que los hogares se conviertan en centros de generación de energía y que puedan balancear su demanda entre la generación dentro del mismo y el recurso a las compañías eléctricas.
El autoconsumo energético en los hogares fue una de las últimas decisiones que dejó en herencia el ministro Sebastián y el real decreto-ley considera el autoconsumo una parte del sistema global de la gestión de la demanda que no supone contraprestación económica y concede derechos al productor particular por la energía excedente que no consume, dando lugar al denominado balance neto. Por ello, el éxito de este sistema a través de la generación fotovoltaica, y minieólica, pasa por una regulación amigable que impulse al sector y minimice las barreras.
Esta regulación dará impulso a una nueva industria, formada por los fabricantes de placas y paneles solares y de instalaciones minieólicas, cuyas estimaciones de empleo, cuando la regulación esté vigente y la información fluya hacia los potenciales usuarios, viviendas unifamiliares, pero también comunidades de vecinos, alcanza los 500.000 empleos directos, algo que debería hacer pensar a los reguladores.
El principal escollo será, sin duda, la normativa municipal a la hora de tramitar las perceptivas licencias para instalar en muchos edificios las instalaciones necesarias.
Por lo visto hasta ahora, los grandes municipios no han hecho ningún esfuerzo en la difusión de este tipo de instalaciones, máxime cuando en Madrid hay una exención de hasta el 30% en el IBI si se instalan instalaciones fotovoltaicas en los edificios residenciales, y que según datos del consistorio, nadie ha solicitado por el momento.
El problema fundamental es la financiación, al tratarse de inversiones con plazos largos de amortización, los usuarios necesitan fondos a largo plazo. Sin embargo, el interés de la Administración por fomentar las energías renovables no es correspondido por el acceso a la financiación ni tampoco por otro tipo de ayudas. Lo que existe es algunas figuras impositivas en materia de deducciones fiscales para la instalación de energías renovables, para edificios, comunidades de vecinos, etc. Para los particulares, la línea ICO financia el 100% de la inversión con una TAE del 6,6%.
Las instalaciones de renovables están gravadas con un IVA reducido del 8%, como mejora de instalación eléctrica en vivienda habitual. Y en renta, IRPF, la instalación cuenta con una deducción del 20%, para rentas inferiores a 71.000 euros, al margen de la reducción del IBI durante tres años del 30%.
Las experiencias internacionales muestran que el balance neto funciona bien en Italia, debido a que por cada kilovatio que el particular vuelca en la red, la compañía le descuenta el pago equivalente a un kilovatio. También funciona razonablemente en Alemania y Estados Unidos, donde este mecanismo permite ahorros significativos a los hogares y notables incrementos de empleo y de riqueza.
Por todo ello, es hora de poner a todo el sector, a los consumidores, a los productores, a los administradores de fincas y al legislador y órganos reguladores a trabajar por un mecanismo de ahorro, de generación de rentas y de impulso al sector de las energías renovables, ahora que la arbitrariedad ha llevado al parón de las renovables, en un momento crítico por el alza del precio de la energía.
Alejandro Inurrieta. Director ejecutivo de Inurrieta Consultoría Integral
